¿CÓMO AFECTA EL COVID-19 AL PROCESO DE PAZ?

A fecha de 16 de abril, ya son 3.233 los casos confirmados de contagio de los que se tiene constancia en el país, mientras que las cifras de fallecidos ya superan los 140. Una vez más, hay que tener en cuenta la controversia en las informaciones y datos procedentes de la Casa de Nariño, que ensucia la credibilidad sobre las cifras reales sobre el coronavirus. 

 

La cuestión sobre la sanidad preocupa al mundo entero, pero esta excepcional situación está teniendo y tendrá efectos en todos los aspectos de nuestras vidas más cotidianas. El desenlace que tendrá este novedoso escenario está aún por determinar. La única certeza que existe es la incertidumbre. Lo que es claro es que nuestra forma de vivir el día a día estará condicionada en el corto plazo por una realidad que nadie esperaba y, sobre todo, para la que nadie supo prepararse.  En Colombia, el confinamiento por el estado de alarma y la crisis económica está poniendo en jaque un proceso de paz cuya aplicación era ya de dudosa efectividad. En su informe trimestral sobre la implementación de las medidas del acuerdo de paz, Carlos Ruiz Massieu ha indicado la necesidad de reforzar la protección de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, blanco de amenazas e incluso asesinatos en estos días de aislamiento social. 

Agencia Anadolu

No tenemos sino tiempo para poder evaluar con perspectiva los daños ocasionados por este virus. Sin embargo, ya se están realizando estudios que tratan de frenar los efectos negativos del mismo. El Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos estipula que el principal problema que se genera en torno a la aplicación del Acuerdo es que todos los planes de implementación, muchos de los cuales ya se estaban desarrollando de una manera lenta y muy prolongada en el tiempo, deben frenar ahora aún más su ritmo. 

 

Además, la grave crisis económica que se espera será determinante para la ejecución de muchos de los programas de reinserción, restitución de tierras, etcétera, puesto que las prioridades están focalizadas en hacer frente a pandemia y, por lo tanto, parte del dinero que en un principio estaba destinado para el proceso de paz deberá ser destinado a la lucha frente al Covid. 

 

A pesar de que las reuniones continúan, a priori, en marcha, la efectividad de la legislación se ve afectada. Del mismo que el sistema judicial debe frenar muchos de sus servicios, como la revisión de tutelas o servicios notariales. A pesar del anunciamiento de que se continuarán atendiendo denuncias, peticiones o consultas, los trámites se llevarán a cabo de una manera más lenta a la habitual. Estas medidas benefician a largo plazo a la impunidad de quienes cometan actos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de a excombatientes en reinserción, por una mayor dificultad ante un previsible colapso burocrático. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de congelar los términos de los procesos o visitas a prisiones, evitando de este modo el contacto entre personas que pudieran propagar el virus. 

 

Desde el Instituto Kroc se teme que el proceso de paz se encuentre en “un punto de inflexión a medida que se transita de los esfuerzos de corto a los de mediano y largo plazo, y a las transformaciones estructurales, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado».

 

Por su parte, en sus predicciones el Instituto deja la puerta abierta a un pequeño ápice de esperanza. Esta crisis es transversal a absolutamente cada individuo del tejido social colombiano, todos sufrirán las consecuencias y es tarea de todos y cada uno trabajar por recuperar unas libertades que nos han sido privadas. Es por ello que apuntan a una mayor solidaridad y transparencia entre conciudadanos que ayudará a crear una gobernanza más “resiliente y transparente en Colombia”.

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