El registro de pueblos indígenas en el mundo es de más de 5.000, lo que se corresponde con unos 370 millones de personas. Es decir, un 5% del total de la población pertenece a una comunidad indígena.

Diario Semana

Estas comunidades indígenas son consideradas como uno de los grupos vulnerables en cuanto a derechos humanos, por constituir una minoría marginalizada, cuyas tierras han sido en muchas ocasiones expropiadas y, por consiguiente, su derecho al sustento básico que de ellas extraían ha sido destruido. 

 

Colombia es uno de esos países donde las poblaciones indígenas continúan siendo perseguidas por reclamar un derecho que les pertenece, y que se les fue prometido con un Acuerdo de Paz cuya aplicación no ha sido efectiva. A pesar de que el gobierno reconoce 87 grupos indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), defiende la existencia de hasta 102 comunidades diferentes. Estas comunidades reúnen un total de casi 2 millones de personas sobre la población total del país. 

Dentro de este colectivo altamente vulnerable y muchas veces excluido de las decisiones políticas existe un grupo aún más desvalido antes las amenazas de quienes quieren negarles el derecho a recuperar unas tierras que son suyas. Estos son los líderes sociales indígenas, que encabezan la lucha por los derechos de su pueblo. Son defensores de derechos humanos y por esta labor están siendo asesinados. 

La tierra, preciado y necesario bien fundamental, ha sido objeto de disputa en Colombia desde los inicios del conflicto interno. Las incontables muertes, desplazamientos forzosos y muertes parecían culminar en un proceso de paz que buscaba resarcir a los más afectados. Así, se incluyó en el acuerdo lo que se denominó proceso de restitución de tierras. Si bien se han producido 122.463 solicitudes de restitución, ni tan siquiera 5.000 han recibido orden de devolución de las mismas.

Este problema que ya viene de largo en el país se está acrecentando con la actual crisis y confinamiento nacional que asola a la nación con motivo de la pandemia del Covid-19. Si idílicamente este debería ser un tiempo para la solidaridad y la responsabilidad social, está siendo el pretexto perfecto para la comisión de asesinatos contra líderes indígenas. La cuarentena obligatoria acrecienta una impunidad que ya existía. La madrugada del lunes 23 Ernesto y Omar Guasiruma, líderes indígenas de la comunidad Embera, en el departamento del Valle del Cauca, fueron asesinados tras ser increpados en su casa donde se encontraban con sus hermanos, José y Víctor Guasiruma, que también resultaron heridos. 

 

Otros tantos líderes sociales están siendo asesinados aprovechando el confinamiento de la población, como Marco Rivadeneira, líder social de Putumayo, Ángel Ovidio Quintero, en Antioquia e Ivo Humberto Bracamonte, que fue asesinado en la frontera con Venezuela. 

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