Si bien son numerosas las asociaciones desde las que se denuncia el problema estructural de homicidios hacia los líderes sociales, es necesaria una actuación efectiva por parte del Gobierno para lograr frenar esta matanza. 

Medio KienyKe

En julio de 2019 Iván Duque afirmaba que la violencia contra los líderes sociales había disminuido. El mismo día de sus declaraciones, tres líderes eran asesinados en diferentes puntos del país. 

Un rastro de centenares de víctimas mortales ha despertado la voz de alarma tanto entre parte de la población colombiana como en la sociedad internacional. A pesar que desde la Consejería de Derechos Humanos se alegaba una reducción del 32% de los homicidios de líderes sociales, aunque lo cierto es que se siguen sucediendo casi a diario. Desde que comenzó el año, se han registrado más muertes que días se han sucedido.

Los datos ofrecidos desde el gobierno se amparan en la efectividad del Plan de Acción Oportuna (PAO), instaurado en el año 2018. Sin embargo, desde parte de la sociedad civil se criticó desde sus inicios que, por una parte, se centraba más en la persecución de quienes perpetran los crímenes que en la protección de los líderes sociales y que, además, este organismo ofrece unas medidas transversales, sin tener en cuenta particularidades que acrecentan la vulnerabilidad, como es el caso de las lideresas y activistas del colectivo LGTBI. 

En cualquier caso se concluye que las medidas que hasta el momento se están fomentando desde el gobierno son, cuanto menos, insuficientes, tal y como lo demuestran las escandalosas cifras de asesinatos desde la implantación del PAO, que se cuentan por cientos.

Desde diversas organizaciones no gubernamentales se denunciaba ya desde los inicios de la instauración del plan que se excluye a la sociedad civil en el proceso de garantía de protección de los derechos humanos. El gobierno se justifica en la simplificación de los trámites.  Se denuncia también el enfoque coercitivo como solución al problema. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, manifestó que “lo que el Gobierno quiere es definir dónde o en qué territorios está el problema y mandar Policía y Ejército y ya”. Por su parte, el plan peca de emplear como principal y, en ocasiones, único parámetro de control los homicidios, lo que dificulta que se haga frente al problema desde la raíz y se centre en la protección en las zonas con mayores índices de criminalidad hacia los líderes sociales. 

A pesar de la necesidad de una institución gubernamental cuya labor esté centrada en este cometido, el planteamiento sobre el que opera el PAO no es suficiente. Esto, sumado ala visión suavizada en cuanto a las cifras de muertos que se difunden desde el gobierno de Iván Duque, mucho menores a las que reportan diversas asociaciones, no permite un abordaje efectivo de una situación que lleva ya años constituyendo una emergencia en Colombia. 

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