La misión de la Corte Penal Internacional en Colombia ha realizado un examen preliminar de la situación a lo largo del mes de enero, del 19 hasta el 23.

Desde este organismo se ha realizado un estudio de la situación en terreno sobre los diversos temas de interés que se estipularon en el Reporte Intermedio sobre la situación en Colombia en 2012, como la presunción de “crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, basado en el estudio de las FARC y el ELN, grupos armados paramilitares, políticos y funcionarios públicos presuntamente vinculados con paramilitares”.

Para la evaluación de este examen preliminar, la Fiscalía de la Corte se ha reunido tanto con organizaciones internacionales como con miembros de la sociedad civil. 

Entre los puntos clave que han sido escrutados a lo largo de estos días se encuentran la promoción y expansión de los grupos paramilitares; desplazamientos forzosos; delitos sexuales y de género; y los homicidios conocidos como “falsos positivos”, referido a las ejecuciones extrajudiciales. 

Revista MARCHA
"Los falsos positivos en Colombia suponen un problema estructural en el país, haciendo referencia a civiles asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado, presentándoles como bajas en combate".

La Corte Penal Internacional concluye en la importancia de proporcionar a la Jurisdicción Especial para la Paz (“JEP”) los recursos pertinentes para que pueda desempeñar su labor de manera independiente. 

La JEP fue creada en el año 2017, con motivo de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Santos y las FARC. 

Para la consecución de dicha independencia, solicita el compromiso del gobierno a mostrar su apoyo y cooperación a la JEP, haciendo hincapié en que se comparta la información necesaria, dado que uno de los mayores problemas está siendo la falta de transparencia y el conflicto de informaciones que se facilitan desde el gobierno y, por otra parte, la que recogen diversas organizaciones, especialmente en materia de asesinatos de líderes sociales. Insta, además, a la aparición voluntaria de personas ante la JEP, y dar todos los pasos necesarios para asegurar su seguridad y su bienestar. 

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