La falta de recursos a nivel nacional para lograr paliar la lacra que aun pesa sobre suelo colombiano, especialmente en la región del Valle del Cauca y La Guajira, está marcada por un compromiso y una transparencia dudosos por parte del gobierno de Duque.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz en el año 2016 se han sucedido numerosos asesinatos de líderes sociales en estas áreas, sumados a las incesantes violaciones de derechos humanos contra la población civil. Desde las comunidades sociales se ha decidido trascender a la política internacional en busca de soluciones.

Ya en abril de 2019 el caso fue denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya, en una marcha de más de 19 colectivos en defensa de los derechos humanos. Con el objetivo de visibilizar la realidad colombiana, algunos de estos activistas marcharon desde la capital francesa hasta la sede de la ciudad holandesa, realizando mítines en diversos puntos del camino.

La intervención de un actor internacional es fundamental para lograr una transparencia que a día de hoy resulta difícil de alcanzar, en un contexto marcado por la manipulación de datos desde el gobierno, que imposibilita las labores de contrastación de los mismos.

Pero, ¿qué puede hacer realmente la CPI?

La Corte Penal Internacional condena, entre otros, los delitos de lesa humanidad, referidos a aquellos actos inhumanos acometidos de forma “generalizada y sistemática contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”, perpetrados tanto por el Estado como por insurgentes, y que no necesita de un escenario definido de guerra. Entre los actos criminales que se atribuyen al crimen de lesa humanidad, la CPI estudia en relación a Colombia el asesinato, los traslados forzosos de la población, tortura o desapariciones forzosas, entre otros.

Colombia firmó el Estatuto de Roma, que es la carta legal sobre la que se constituye la CPI, en el año 2002 y, por lo tanto, se acoge al compromiso de no cometer ninguno de los delitos recogidos en ella.

Si bien solo se posibilita recurrir a este organismo una vez agotadas todas las vías nacionales, es evidente la falta de implicación gubernamental respecto a esta persecución de líderes sociales que, además, está teniendo una repercusión directa sobre la población civil que habita en las zonas más afectadas.

A lo largo de esta semana se están llevando a cabo reuniones en suelo colombiano, que permitirán dilucidar la resolución final que emitirá la CPI, aunque, nuevamente, la dificultad a la hora de acceder a datos verificados y fiables será el obstáculo principal. De lograrse un resultado positivo, la principal solución que se ofrecería a las víctimas es la compensación económica.

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