Archivo: AFP

Al llegar al poder el nuevo presidente, Duque, quedó atrás toda la política firmadas por el antiguo presidente Santos. Ante esta situación la ministra de interior afirmó ante los medios que el gobierno está tratando de armonizar las acciones para poder dar resultado concretos en el territorio.

El presidente colombiano aseguró que continuaría con las políticas una vez lanzado el Plan de Acción Oportuna (PAO), plan que fue organizado por él pretendiendo amenizar la situación, pero las comunidades que se encuentran a expensas de programas piloto, no lo tienen tan claro. De hecho, muchos de ellos se quejan de que el presidente sea un militar retirado y esté haciéndose cargo del país. Cuando el antiguo presidente Juan Manuel Santos firmó los seis decretos pretendía: Definir las políticas de protección, definir el marco general de prevención, fortalecer alertas tempranas y acorralar a los gobiernos regionales y locales para que ejecutasen acciones oportunas. Pero con el cambio de gobierno estas medidas no han llegado a llevarse a cabo.

 

A pesar de la preocupación existencial, algunos expertos afirman que no es lo mismo lo que sucede en las capitales más importantes del país, que lo que pasa a nivel local. Esta información se demuestra con el estudio realizado por la revista SEMANA donde averiguaron que la mayor parte de las alcaldías y las gobernaciones no son capaces de reconocer la función indispensable de un líder social, llegando a desacreditarlos en numerosas ocasiones lo que retrasa aún más el plan de prevención.

 

 

 

Como solución ante este problema, el decreto 2252 de 2017 en el que se obliga tanto a gobernaciones como alcaldías a presentarse como los “primeros respondientes” en el momento de detectar amenazas contra líderes. Una de las primeras obligaciones que deben cumplir es modificar o crear mecanismos donde se evite la consumación de situaciones de riesgo que puedan llegar a suponer una amenaza para los líderes y tendrán para ello que designar a un funcionario encargado que mantenga canales permanentes que faciliten la comunicación con la policía. La problemática de todo ello radica en que no se está cumpliendo y nos encontramos expectantes ante lo que pueda ocurrir.

 

 

 

Según Fernando carrillo, disciplinariamente se han adelantado la procuraduría de 13 investigaciones en las que se ven involucrados agentes del Estado en hechos que atentaron contra los líderes sociales. Sin embargo, cualquier esfuerzo queda en vano en comparación a la magnitud de la tragedia. El incumplimiento de las obligaciones de cualquier funcionario público pasará por un proceso de investigación y será sancionada de manera severa. Además acarrea la responsabilidad tanto a fuerzas públicas como alcaldes y gobernantes.

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